El papa Francisco derogó el “secreto pontificio” declarados en los casos de abusos sexuales por parte del clero, tras crecientes críticas sobre la confidencialidad que se empleó para proteger a pedófilos, silenciar a las víctimas e impedir que las instituciones de justicia investigaran los crímenes.
Además, Francisco amplió de 14 a 18 años el límite de edad en el que el Vaticano considera que las imágenes pornográficas constituyen pornografía infantil.
Las nuevas normas son una nueva enmienda al derecho canónico, un código legal que detalla la justicia eclesiástica para delitos contra la fe. En este caso, los cambios afectan a los abusos sexuales a menores de edad o personas vulnerables cometidos por sacerdotes, obispos o cardenales. El peor castigo que puede recibir un sacerdote dentro de este sistema es ser expulsado del clero.
El Vaticano se ha visto bajo una creciente presión para reformar sus procedimientos internos y cooperar más con las autoridades. En los últimos años, su resistencia en ese sentido ha derivado en redadas policiales sin precedentes en sedes diocesanas de lugares tan distantes como Bélgica, Texas y Chile.
Los escándalos individuales, investigaciones en distintos países, denuncias de la ONU y demandas civiles cada vez más costosas han causado un gran daño a la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo, y los propios errores y fracasos de Francisco han dado impulso a sus críticos.
Para febrero el Papa convocó a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para una cumbre de cuatro días sobre cómo impedir los abusos, donde varios oradores pidieron una reforma del secreto pontificio. El propio Francisco dijo que pretendía ampliar el rango de edad de lo que la Iglesia consideraba pornografía infantil.